¿Qué ocurre con los ficheros positivos de solvencia?

Es una de las situaciones más peligrosas y delicadas que se pueden dar en las finanzas. Cuando incurrimos en impago, significa que hemos incumplido una fecha de pago de una cuota de devolución. Las consecuencias son múltiples, pero la más nefasta se llama morosidad.

Ser inscritos en un fichero de morosos puede complicarnos mucho la vida en términos financieros, ya que la condición de insolventes nos privará de acceder a muchos tipos de financiación. 

Solo computa lo negativo

Actualmente, podemos contar en España unos 63.000 millones de euros adeudados entre todos los insolventes, que conforman el 5,2% del total de tenedores de créditos del país. El restante 94,8%, supuestamente, está al día con el banco en sus devoluciones.

Esta gran cantidad de usuarios responsables es lo que ha motivado la petición de usuarios, juristas y expertos de la implementación de los ficheros positivos de solvencia.

En la Cirbe (Central de Información de Riesgos del Banco de España) aparecen inscritas la deudas superiores a 9.000 euros, se hayan devuelto o no. Y el resto de ficheros solo recogen los impagos, es decir, son negativos, como por ejemplo Asnef, gestionado por Equifax, o Experian. De forma que el fichero solo contiene información sobre morosos, y los bancos solo tienen acceso al fichero si van a registrar un impago más.

Criterio injusto e irresponsable

Sin embargo, existen unos ficheros que registran el historial crediticio completo de cada usuario, sin limitarse a sus deudas o impagos, sino también a su respuesta, responsabilidad y, en general, a su solvencia. Por si fuera poco, estos ficheros ya se aplican desde hace años en países del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá –donde han conseguido reducir la tasa de morosidad en un 43%– y en parte de América Latina y África.

Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), lamenta que “ahora se concede un crédito sin considerar si eres un buen o mal pagador, sino si tienes o no garantías e ingresos suficientes para endeudarte. El problema es que puedes ser una persona con mucho dinero y propiedades y, al mismo tiempo, ser un moroso compulsivo”. 

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se mostraba convencido de la necesidad de aplicar este tipo de ficheros durante una jornada sobre el crédito responsable: “Su uso puede tener un impacto positivo en los usuarios, porque tendrían un mayor acceso al crédito de una manera más responsable y en condiciones más competitivas, y en las entidades de crédito, reduciendo riesgos innecesarios por falta de información verificada; pero también en el propio sistema, al aportar mayor transparencia y control del sobreendeudamiento”.

Los bancos temen igualarse con sus clientes

Según Suárez, en España se necesita “voluntad, formación y conocimiento” para aplicar los ficheros de solvencia, además de un cambio de mentalidad por parte de los bancos, quienes temen el empoderamiento de sus clientes a raíz de estos ficheros. En realidad sí habría empoderamiento, ya que los clientes podrían negociar con el banco desde una posición mucho más igualada si tuvieran constancia de su situación como buenos pagadores.

Al fin y al cabo, esto es lo que ya lleva haciendo la app Fintonic desde hace años. Reúne información financiera del usuario y establece una calificación de solvencia o responsabilidad, que se traduce en fiabilidad para con su banco. La única diferencia es que en Fintonic, nadie salvo el propio usuario tiene acceso a esta valoración de solvencia.

La excusa de los bancos

Para no compartir el historial crediticio completo de sus clientes, los bancos apelan al hecho de que, según José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), “la protección de los datos personales y financieros de sus clientes es una prioridad para los bancos, lo que conlleva que sean muy estrictos a la hora de compartirlos con terceros”. Además, asegura que en España ya existe un fichero positivo al que tiene acceso todo el mundo: la Cirbe o Central de Información de Riesgos del Banco de España. 

Y, por último, hace mención a lo que dice la ley al respecto: “el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos considera lícito el tratamiento de datos personales sobre el incumplimiento de obligaciones en los prestamos bajo determinados requisitos, pero no se refiere de forma explícita a ficheros positivos de solvencia”.

La Cirbe no sirve

Matilde Cuena, además de catedrática de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es parte actora importante en la creación de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, dado que favoreció y consiguió la inclusión en esta norma de una enmienda sobre crédito responsable. Respecto al carácter público de la Cirbe, Cuena señala que “lo que hay es un problema de competencia disfrazado de privacidad”, y afirma que solo ciertas entidades supervisadas tienen acceso, y entre ellas no se encuentran las financieras. “Los datos de buenos clientes que no han incumplido con sus obligaciones es una información valiosa para el competidor de las entidades financieras (otras entidades, fintechs y grandes tecnológicas) ya que podría lanzar ofertas pensadas para captarlos”. Por eso mismo, en opinión de la experta, “en un sistema financiero muy concentrado como el español, las entidades dominantes no tienen ningún interés en compartir estos datos con empresas privadas de información crediticia y han presionado para que no se regulen”, explica.

La interpretación de la ley es clave

Es fundamental, y así lo tachan los propios expertos que demandan la aplicación de los ficheros positivos de solvencia, una regulación previa a la implementación de estos. Ningún sentido tendría hacerlo sin ceñirse a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, que precisa del consentimiento del cliente en cuestión o un interés justificado del banco. En este sentido, el hecho de que los bancos rechacen el requisito del consentimiento del usuario, según Cuena, abre la puerta a que “el particular no debe tener derecho a ocultar datos de solvencia patrimonial”, lo cual significaría que compartir estos datos para el banco ya constituiría un interés legítimo y podrían hacerlo en virtud de ello. Cuena insiste en que “el mercado de crédito requiere que el prestamista conozca el nivel de endeudamiento de los particulares para conceder préstamos de manera responsable y que no se vuelvan a repetir los excesos que nos condujeron a la crisis de 2008”.

Brechas legales y derechos a proteger

Esto último destapa una brecha legal en la Ley de Crédito Inmobiliario que, al parecer de Agustín Puente, letrado del despacho Broseta Abogados, “justifica la existencia de estos sistemas, lo que implica que ya no será necesario obtener el consentimiento de los consumidores”.

Pero esta no es la única consecuencia de la reciente ley. A interpretación de Puente, también afecta a la Ley de Crédito al Consumo, por lo que “la información sería accesible en todos los supuestos en que un consumidor quiera acudir al crédito, no solo en los préstamos hipotecarios”. Lo que no convence a Cuena, porque la decisión de compartir los datos del historial financiero de los clientes seguiría dependiendo de la voluntad del banco, cuando “lo razonable es que lo dijera una ley para todos los préstamos”. 

En lo que ambos expertos están de acuerdo es en que la implementación de los ficheros positivos de solvencia deberá tener como base unas “reglas muy concretas sobre la información que incorporen, su exactitud, las condiciones en que estaría accesible por otras entidades de crédito, los plazos en que se conserve, y el ejercicio de las prerrogativas de los interesados que les reconoce la normativa sobre datos personales”, explica Puente.

Fuente: El País